Guía de aprendizaje nº2: “República Presidencial 1973 -1989”

Gobierno de la Junta Militar – Gobierno de Augusto Pinochet

1.- Economía
La profunda crisis política, institucional, economía y social de 1973 fue utilizada como marco de referencia para una revisión total y acabada de la actualización del Estado en la economía chilena y de las políticas de desarrollo instauradas en las cuatro décadas anteriores. De una economía, en 1973, con fuerte control estatal, de una supervisión total de los precios y casi cerrada, se transformó en una economía de libre mercado, con libertad de precios y completamente liberalizada, integrada a la economía mundial, con una presencia cada vez más esencial y primordial del sector privado. La mayoría de las políticas de liberación fueron aplicadas dentro de un plan drástico de estabilización anti-inflacionario y dentro de un marco político con varias restricciones en el pleno de las diversas libertades.

En Chile se implementó un laissez-faire (dejar hacer) con un papel protagónico del sector privado, el cual puede resumirse en los siguientes puntos:

a) La reforma del Estado: Esta reforma comprendió a su vez los siguientes tópicos
- Eliminación del área de propiedad social, restitución a los antiguos dueños de las tierras y empresas expropiadas.
- Reducción del gasto público y eliminación del déficit fiscal.
- Un segundo proceso de reprivatización, frente al colapso financiero y productivo de 1982.
- Privatización de las empresas públicas tradicionales creadas por CORFO.
- Reformas tributarias y presiones para el aumento del ahorro público, lo que haría decrecer el déficit fiscal.
- A través del Decreto de Ley (D.L.) 573 y 574, se impulsaban los polos de desarrollo a través de la división descentralizada del país, con sus 13 regiones administrativas, que iban a ser asistidas por los CODECOS y los COREDES. El gobierno estará representado a través de los intendentes y gobernadores en las regiones y los respectivos SEREMIS.

Muchos de los cambios más amplios y profundos aquí comentados fueron implantados en un breve período de 2 a 4 años por un grupo de economistas chilenos denominados los “Chicago boys”, denominados así por haber estudiado en la Universidad de Chicago. Entre estos se encontraban Sergio de Castro, Pablo Baraona, Manuel Cruzat, José Luis Federici, Álvaro Bardón, entre otros. Ellos elaboran un documento denominado “El Ladrillo”, en el cual analizaron las realidades y problemas económicos del país. Se propusieron una serie de reformas estructurales que implicaban la adopción de un modelo de “economía social de mercado”, en la cual el Estado debía reducir drásticamente su participación, dejando un amplio campo a la iniciativa del sector privado.


Tanto los militares como los economistas chilenos se consideraban tecnócratas, en sus respectivas especialidades. El concepto de clase social para ambos era irrelevante; sus políticas económicas se caracterizaron por ser claras, homogéneas y parejas, sin favorecer a los miembros de ninguna clase social en particular.

b) La crisis de 1982-82: en 1982 tuvo lugar una de las peores crisis económicas de Chile en los últimos 50 años. Ese año, el Producto Geográfico Bruto (PGB) cayó en un 14,4% y la tasa de crecimiento económico también fue negativa para 1983; la industria y la construcción registraron tasas de crecimiento negativo de -21,1% y -23,4%, respectivamente. La tasa de inflación anual aumentó a más de un 20% durante este bienio. El gobierno, con el fin de evitar peores consecuencias y un estallido social acentuado por la represión política, organizó programas de emergencia como el Plan de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).

- Plan de Empleo Mínimo (PEM): Creado en 1974 por José Piñera. Es un programa de absorción de la mano de obra que se encuentra cesante, se pagaban $ 2.000 pesos que es el equivalente a 1/3 del sueldo mínimo, y equivalente a 1,3 Kg de pan diario.

- Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH): Creado en 1982. Es un programa de generación desempleos municipales, presenta sueldos bajos, ineficiencia y pérdida de tiempo durante las faenas.

Ante la magnitud del colapso económico, los analistas tendieron a buscar varios factores responsables de la crisis; la fijación del tipo de cambio nominal que condujo a la sobrevaluación del peso (un dólar era equivalente a 39 pesos); la falta de control del mercado financiero interno; errores de política respecto al momento y al ritmo con que se realizaron las reformas de liberalización; el dogmatismo (conjunto de los proposiciones que se tiene por principios innegables en una ciencia) de las autoridades económicas y distintos shocks externos adversos. Como por ejemplo el deterioro de los términos de intercambio.

c) Período post crisis: Durante la segunda ronda de privatizaciones (Ministro Buchi), iniciada en 1985, la economía continuó bajo los efectos de la crisis de 1982- 1983, lo que se hizo más patente a raíz del terremoto sufrido por nuestro país el 3 de marzo de 1985, que afectó principalmente a la zona central, y los temporales de 1986 – 1987, para luego comenzar un periodo sostenido de auge.

Cuando se reanudó el proceso de privatizaciones en 1985, faltaba mucho para que el país se recuperase completamente de la crisis. El desempleo permanecía alto en el 16,6% de la fuerza laboral, las remuneraciones reales estaban en su punto más bajo de la década.




Frente a estas dificultades, las autoridades decidieron redoblar los esfuerzos de reformas estructurales dentro de un marco de ajuste dirigido poner énfasis en mayores exportaciones, inversión y ahorro.

Este objetivo tuvo en uno de sus principales gestores al ministro de Hacienda Hernán Buchi, quien logró cambiantes políticas restrictivas y cambiantes, junto con la renegociación de la deuda externa chilena.

El éxito de las políticas diseñadas para aliviar las restricciones externas era indiscutible, pero su costo social también. Amplios sectores de la sociedad chilena se vieron sumergidos en la miseria y la indigencia, lo que condujo a que viviesen en paupérrimas condiciones.

Las exportaciones de bienes y servicios, que representaban el 25% del PGB en 1983 aumentaron a casi 30% a fines de 1989, se términos de precios de 1977.

Como consecuencia de las profundas reformas en este campo, implementadas por el gobierno militar, se produjo un serio cambio de mentalidad, lo cual reafirmaría la célebre frase de que “el desarrollo está en la mente”. Se abandonó la mentalidad que esperaba la solución de todos los problemas de parte del Estado benefactor. Se impuso una nueva mentalidad que premiaba el esfuerzo, el trabajo y la acción creadora.

Esta Combinación de elementos, junto con un servicio financiero estable, permitió que un mercado libre –con apertura externa e inversión privada, que favoreciese el ahorro y las exportaciones- permitiesen el surgimiento de empresarios nacionales eficientes, los que a su vez debieron incorporar tecnología moderna para enfrentar la competitividad internacional y conquistar los mercados extranjeros.

d) Reformas laborales y previsionales: Con la dictación del Decreto-Ley nº2950 de 1979, en cuya gestación destacó el ministro del trabajo José Piñera, se derogaron todas las leyes anteriores sobre la materia y se creó una base legal totalmente nueva. La ley puso fin a la sindicalización obligatoria y se otorgó a los trabajadores plena libertad para afiliarse y desafiliarse de un sindicato en cualquier momento. Los sindicatos eran independientes del empleador y no podía recibir de este ningún financiamiento. El sindicato debía de tener una estructura democrática que daba a la base el poder de decisión. La tarea más importante que se le encomendaba al sindicato era la negociación colectiva, comprendida como libre juego de intereses de las aspiraciones y conveniencias de los empleadores y trabajadores.

La negociación quedó circunscrita a cada empresa y se prohibieron las negociaciones por áreas de actividad. En caso de desacuerdo insuperable entre las partes, se podría ir a la huelga o al arbitraje obligatorio. Si la huelga duraba más de 60 días, el empleador podía contratar a obreros que reemplazasen a los huelguistas.

Por otra parte, en el campo previsional se vivió otra gran y profunda transformación. El antiguo sistema se había basado en el principio de que los trabajadores activos financiasen a los pasivos. Las instituciones más importantes en esta área eran el Servicio de Seguro Social, la Caja de Previsión de Empleados Particulares y la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

El Decreto – Ley Nº3500 de 1980, reemplazó el antiguo régimen de reparto por un sistema de pensiones en que los beneficios que obtenían los afiliados estaban relacionados directamente con los esfuerzos que realizaban como cotizantes durante su vida laboral activa. Las cotizaciones periódicas ingresaban a una cuenta individual, generándose así un fondo de pensiones. Cada uno podía elegir libremente una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), que eran las instituciones que recibían y administraban las cotizaciones. Las administradoras quedaron facultadas para invertir los fondos en el mercado de capitales nacionales, bajo un conjunto de estrictas regulaciones y bajo el severo control de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por último, destacamos que en 1981 se implementó un sistema de medicina privada que compartió el campo de la salud con el Fondo Nacional de Salud (FONASA, ex SERMENA) de carácter público, creado en 1979. En aquel año se establecieron las Instituciones de salud Previsional (ISAPRE), entre las cuales cada persona podía elegir libremente y contratar un plan de salud, de acuerdo al cual recibía beneficios médicos en proporción a sus cotizaciones.

e) Obras o transformaciones públicas destacadas del periodo: Para el desarrollo de las regiones extremas del país en Iquique (ZOFRI) y en Punta Arenas, se impulsan zonas francas; se construye la carretera austral, que benefició de forma especial a la XI Región de Aisén; la terminación y funcionamiento de las líneas 1 y 2 del Metro; como también el edificio del Parlamento en Valparaíso; la CORFO crea el complejo hidroeléctrico Colbún – Machicura entre otras.

2.- Educación
Se mantuvo la estructura educacional que se había establecido a raíz de la reforma instaurada bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Al respecto Kinder y pre-kinder son incorporados al sistema de subvenciones estatales; bajan los niveles de analfabetismo; empieza a enseñarse idioma extranjero desde la básica. En la década del 80 los establecimientos educacionales fiscales fueron transferidos a las municipalidades, proceso denominado “municipalización”. Por otra parte, el Decreto – Ley Nº1 del 30 de diciembre de 1980, introdujo importantes reformas en el sistema universitario. Esta disposición señaló categóricamente que en nuestro país existía un sistema cerrado monopolizado por ocho universidades financiadas por el Estado, lo cual no encajaba con el sistema económico imperante. Con el objeto de abrir este sistema hacia uno libre, competitivo y de calidad, la ley autorizó la creación de universidades privadas.




3.- Relaciones Internacionales
Entre los múltiples acontecimientos que se produjeron durante el régimen militar se destaca la VI Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Santiago en 1976. El temario de la cita incluyó 41 temas entre los que se contaban la ley estadounidense de comercio exterior, la situación del Canal de Panamá y otros relacionados con los derechos humanos, ámbito en el cual Chile era muy cuestionado en aquellos años por la comunidad internacional, la cual empezaba a recibir de manera más frecuente alarmantes noticias sobre las posibles violaciones a tales derechos.

A raíz del atentado contra el ex canciller del Presidente Allende, Orlando Letelier, la comunidad internacional rechazó y desaprobó al gobierno chileno por los medios empleados para neutralizar a la oposición. La Organización de las Naciones Unidas emitió una dura condena. Estados Unidos, a través de la Enmienda Kennedy (1976) negaba toda ayuda militar a Chile (venta de armas) y establecía fuerte presión para que en nuestro país se restableciese la democracia, cumpliéndose tres condiciones:
-Un progreso significativo en el respeto de los derechos humanos.
-Que la venta fuese del interés nacional de Estados Unidos.
-Que las autoridades chilenas no ayudasen o encubriesen el terrorismo internacional.

Numerosos estados europeos suspendieron toda ayuda económica y toda cooperación. La prensa internacional se dedicó a publicar todos los días noticias y comentarios condenatorios sobre los crímenes del régimen.

Pero sin duda alguna, el mayor éxito del régimen en el campo internacional, fue el haber evitado la guerra con Argentina en 1978. Este conflicto tuvo su origen el hecho de que el gobierno argentino, también de carácter militar, declaró nulo el laudo arbitral de 1977 que ponía término a la disputa por la soberanía de las tres islas situadas al sur del canal Beagle: Picton, Nueva y Lenox. Las conversaciones diplomáticas no tuvieron buenas resultados y hubo preparativos bélicos a ambos lados de la cordillera.

No se vislumbraba salida pacífica alguna frente a los eminentes vientos de guerra que ya circulaban por los territorios de ambas naciones hermanas. Pero, la afortunada intervención del cardenal Antonio Samoré, quién propició y luchó con éxito por la mediación papal de Juan Pablo II, logró el restablecimiento de la paz y el dialogo. Chile expresó su agradecimiento en la visita papal el año 1987, el papa ratificaría, a través de la medición, soberanía chilena de las islas respectivas.

4.- Política Interna.
En un comienzo, La Junta Militar informo que gobernaría las Fuerzas Armadas en conjunto, alternándose los Comandantes en Jefe de las distintas ramas a la cabeza del Poder Ejecutivo, lo cual no fue así, sino que se tuvo a él como principal protagonista del gobierno, por ello su denominación de régimen autoritario, pues no tuvo los contrapesos necesarios a los largo de toda su gestión.

La nueva línea adoptada por el régimen militar se manifestó en la fijación de metas sin plazo. Primitivamente de la Junta tuvieron la categoría de jefes de Estado. Asumieron plenamente, con la declaración de que las Cámaras estaban en receso. En cambio, mantuvieron en sus roles respectivos a los organismos del Poder Judicial y a la Contraloría General de la República.

1.- La Junta Militar gobernaría de la siguiente forma: Poder Ejecutivo: General Pinochet y el Poder Ejecutivo: los restantes miembros de la Junta (crear las leyes y los decretos-ley).

2.- La nueva orientación había quedado esbozada en lo doctrinario el 11 de marzo de 1974, cuando el general Pinochet leyó ante el país dos documentos:

a) Declaración de Principios: Este documento forma las bases de la nueva institucionalidad del país. Rescata el principio de autoridad como fundamento de las sociedades políticas y civiles, careció de una ideología definida. Rescatando la idea de Patria, de Nación, incluso de la ideología portaliana consagrada en la Constitución Política del año 1925, reforzada en la Constitución de 1980.

b) Objetivo Nacional: Este programa realiza un lineamiento general del nuevo plan económico, el modelo Liberal o de Libre Mercado.

3.- Las medidas de excepción tomadas durante los primeros días se fueron perpetuando mediante una legislación ad-hoc. En lo fundamental: suspensión de la institucionalidad política consagrada en la Constitución de 1925, intervención y control de la prensa, de las universidades, estado de sitio, toque de queda, persecución de los funcionarios de la Unidad Popular.

4.- Prohibición de todo tipo de manifestación social, de todo tipo de actividad sindical, mantención del exilio y la ilegalidad de todo lo relacionado con las ideas de izquierda (socialistas, comunistas, marxista, anarquismo).

5.- La Doctrina de la Seguridad Nacional, se basaba en considerar al marxismo como enemigo, que por sus conexiones internacionales y sus tendencias revolucionarias, constituía la negación de la tradición de Chile.

El gobierno, si bien pudo establecer rápidamente en 1973 un control completo, consideró que el país se encontraba bajo los efectos de una guerra, y los enemigos de esta guerra se encontraban dentro de las fronteras de su territorio. En el curso de esta guerra, denominada por la oposición como “guerra sucia”, varios miles fueron arrestados y exiliados por el Consejo de Guerra o el Ministerio del Interior, a los países como Suecia, Australia, Canadá y Venezuela. Otros buscaron asilos en diferentes embajadas.

6.- Represión por parte del gobierno con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

En octubre de aquel año descubrieron y atacaron la sede clandestina del MIR, y liquidaron a su directiva. En septiembre de 1974 cayeron víctimas de un atentado en Buenos Aires, el ex - Comandante de Jefe del Ejército, General Carlos Prats y su esposa. Muy pronto surgieron sospechas de que este atentado había sido obra de la dina.

En octubre de 1975, el dirigente demócrata cristiano Bernardo Leigthon y su esposa, que vivían exiliados en Roma, fueron heridos a tiros por agentes de la DINA, tales acciones fueron consideradas por algunos como un terrorismo de Estado.

La Constitución Política de 1980

En agosto de 1980, el gobierno convocó a un plebiscito para lograr la aprobación popular de un nuevo texto constitucional que fue analizado por el Consejo de Defensa del Estado, entre sus miembros se encontraban dos ex presidentes: Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla. Así fue como el 11 de septiembre se realizó el acto electoral para cumplir con este fin. Los resultados fueron 4.204.879 votos por la aprobación (esta cifra incluye los votos en blanco que , de acuerdo con la normativa dictada a propósito se sumaban al SI); 1.893.420 por el rechazó, y 173.569 votos nulos.
SI NO NULOS
67,04% 30,19% 2,77%

El texto constitucional aprobado entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. Entre otros temas, la nueva carta fundamental estableció:
1) Un sistema presidencialista de gobierno.
2) Creó un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer mandatario e integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente del Senado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Contralor General de la República.
3) La exclusión del marxismo de la vida política nacional.
4) Establecimiento del periodo presidencial en 8 años. (Estableció que el presidente Pinochet estaría en ejercicio hasta 1988).
5) Establecimiento de la autonomía del Banco Central.
6) La creación de los senadores designados (se integraran al Senado los ex – presidentes de la República, por derecho propio y en carácter de vitalicios).
7) La segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el sistema electoral binominal.
8) El presidente pierde poder con la inmovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden.
9) Mantención del Estado de Emergencia.
10) La censura de la prensa e impedimento para el libre ejercicio de asociación, reunión, expresión e información.
El Rol de la Iglesia y la Defensa de los Derechos Humanos

Se creó en 1974 el comité Pro – Paz, que a principios de 1976 se convierte en la Vicaría de la Solidaridad, organismo que irá en ayuda material y espiritual de los perseguidos políticos y desamparados, dándole asistencia médica, legal y social.

El año 1985, la Iglesia Católica buscó lograr puntos de entendimiento de consenso amplio que aseguraran el regreso al sistema democrático. Los personajes más destacados en este periodo fueron el Cardenal Raúl Silva Henríquez y el Cardenal Juan Francisco Fresno solicitó a tres personalidades de distinta orientación política la redacción de un programa para alcanzar un acuerdo nacional de transición a la democracia. Ellos fueron Fernando Léniz, José Zabala, Presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos; y Sergio Molina, ex ministro del gobierno de Frei Montalva.

Tras varios meses de complicadas negociaciones, en agosto de ese mismo año, los representantes de partidos de diversas tendencias firmaron el Acuerdo Nacional, en el que junto con expresar el deseo de entendimiento político, exigían plenas libertades civiles y elecciones parlamentarias y presidenciales libres.

La Vicaría de la solidaridad seguirá funcionando desde 1976 hasta 1992. Con posterioridad, otras instituciones de carácter no gubernamental asumieron la defensa de los derechos de las personas. Tal fue el caso de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, creada en 1975 y del Comité de Defensa del Pueblo (CODEPU), que se fundó en 1990.