Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.
El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.
Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple Sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad del campo.
El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.
En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:
- Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos las conquistas de los trabajadores; y
- Transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.
La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores
El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.
Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.
En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.
Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.
Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.
El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.
El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.
El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales.
El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.
Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.
La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objeto de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.
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